Sólo en Tamaulipas, los colectivos de búsqueda de desaparecidos han identificado 57 sitios de exterminio desde finales de 2012, según un informe de Elefante Blanco.
Por Victoria Dittmar
Ciudad de México, 7 de agosto (Insight Crime).- Dada la inacción por parte del gobierno, las familias de los desaparecidos de México están acudiendo a los cabecillas de los carteles para que les ayuden a encontrar a sus seres queridos, puesto que se han hallado decenas de sitios de exterminio junto a fosas clandestinas, lo que añade un nuevo matiz a la crisis de desaparición forzada en el país.
A finales de julio, los familiares de los desaparecidos en el estado de Tamaulipas enviaron una carta a una facción del Cartel del Golfo que opera en la ciudad fronteriza de Matamoros, en la que les pedían ayuda para encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
“No estamos buscando culpables; estamos buscando a nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y otros familiares”, enfatizan en su misiva.
Sólo en Tamaulipas, los colectivos de búsqueda de desaparecidos han identificado 57 sitios de exterminio desde finales de 2012, según un informe de Elefante Blanco.
Esta situación se repite en otros estados fronterizos. Pocos días antes de la publicación de la carta, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) emitieron un comunicado en el que instaban a las autoridades de ese estado —ubicado en la frontera nororiental— a que aceleraran las investigaciones en cinco sitios de exterminio en los que se han recuperado más de 600 mil restos óseos desde 2010.
Todos los sitios tienen características similares: la presencia de fosas clandestinas, contenedores para incinerar cuerpos, campamentos, áreas de confinamiento y restos de víctimas.
A principios de julio, el gobierno mexicano reconoció la existencia de un sitio de exterminio en Matamoros, Tamaulipas, donde hasta la fecha se ha encontrado más de media tonelada de restos óseos. El lugar, conocido como La Bartolina, se encuentra a solo 12 kilómetros de la frontera con Brownsville, Texas.
En entrevista con Elefante Blanco, la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna, afirmó que La Bartolina es el sitio de exterminio más grande que las autoridades federales han identificado.
“Hemos decidido nombrarlos ‘sitios de exterminio’ […] porque son crematorios en donde se ha intentado desaparecer y pulverizar, al menos, a centenas de personas con la finalidad de que no quedara ningún rastro”, dijo Quintana Osuna en entrevista con Milenio.
En los últimos 15 años han desaparecido más de 80 mil personas en México. Según un informe del gobierno federal de abril de este año, Tamaulipas y Nuevo León están dentro de los cinco estados del país en donde se reporta el mayor número de desapariciones.
ANÁLISIS
Reconocer la existencia de sitios de exterminio en México es un paso importante para dimensionar los distintos matices de la desaparición forzada en el país y entender la magnitud de la crisis. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer para atender las violaciones sistemáticas de derechos humanos que han ocurrido en el noreste del país durante la guerra contra las drogas, donde la amenaza de los grupos criminales sigue siendo latente.
Las zonas en donde se han detectado centros de exterminio solían tener una importante presencia de Los Zetas y el Cartel del Golfo. Estos grupos estuvieron involucrados en varios episodios de violencia extrema que cobraron la vida de miles de víctimas; además, contaban con importantes vínculos con las autoridades locales de esta región.
Por ejemplo, la prisión de Piedras Negras, en Coahuila, fue utilizada como un centro de exterminio en el que Los Zetas asesinaron a más de 150 personas entre 2010 y 2012. La mayoría de las víctimas fueron traídas al penal, donde las asesinaron e incineraron sus cuerpos. Todo esto ocurrió con el conocimiento de las autoridades locales.
Aunque Los Zetas y el Cartel del Golfo han sido debilitados y se han fragmentado, hoy en día sus remanentes siguen atemorizando a la población. En junio de este año, por ejemplo, 19 personas fueron asesinadas durante tiroteos en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas. Una célula vinculada al Cartel del Golfo fue responsabilizada del hecho, así como del secuestro de otras 119 personas.
Los actores estatales también juegan un papel importante en estos abusos. En enero de este año, por ejemplo, 19 personas —entre las que había migrantes guatemaltecos— fueron masacradas y calcinadas en el municipio tamaulipeco de Camargo. Al menos 12 miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas (GOPES), que le responde directamente al gobernador de ese estado, fueron responsabilizados de los hechos.
Ese mismo mes, habitantes de Ciudad Mier denunciaron haber sido desplazados forzosamente tras la desaparición de dos personas a manos de los GOPES. En 2019, elementos de esa unidad policial fueron señalados por la DEA de detener y desaparecer personas para entregarlas a grupos criminales.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido destinar mayores recursos a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y ha creado comisiones de búsqueda en cada estado. No obstante, la mayor parte de esta carga sigue cayendo sobre los familiares, los colectivos de búsqueda y otras organizaciones no gubernamentales que los acompañan, quienes se enfrentan a barreras burocráticas, corrupción y negligencia de las autoridades.
Estos activistas además reciben constantes amenazas por su labor, y el Estado pocas veces les ofrece la protección necesaria. Por ejemplo, el 16 de julio fue asesinada en el estado de Sonora una mujer que llevaba meses buscando a su esposo con el grupo Madres Buscadoras de Sonora.
Según el reportaje de Elefante Blanco, miembros de los colectivos que encontraron el predio de La Bartolina en Matamoros han recibido amenazas a raíz de que el gobierno lo reconociera como centro de exterminio.
Los casos de desaparición forzada en México tienen altos niveles de impunidad y las investigaciones sobre los sitios de exterminio y las fosas clandestinas hasta ahora han sido lentas. Los grupos de búsqueda aseguran que todavía queda mucho por hacer para acelerar la identificación de personas y enjuiciar a los actores involucrados —incluyendo a funcionarios del Estado—.
“La gente sabía. Las autoridades sabían. Algo de estas dimensiones no puede suceder sin el conocimiento de lo que estaba pasando”, dijo a Milenio Quintana Osuna, la comisionada nacional de búsqueda.
